El Consejo Constitucional censuró parcialmente la ley Molac

El Consejo Constitucional francés y las llamadas lenguas "regionales":

una decisión que tiene los pies en dos estribos

El Consejo Constitucional, a lo cual recurrieron sesenta y un diputados galos, varios de los cuales fueron engañados por el ministro de Educación "nacional" Jean-Michel Blanquer, censuró parcialmente la ley Molac.

El recurso se refería al artículo 6, que aclara el carácter obligatorio del "costo fijo comunal" por el que los municipios que no tienen escuelas que enseñan la lengua regional o en esta lengua deben participar en los gastos de funcionamiento de las escuelas situadas en el territorio de otros municipios que ofrecen dicha enseñanza.

 Los demandantes alegaron que la "jurisprudencia constante" del Consejo Constitucional afirmaba el carácter "opcional" de la participación de las autoridades locales en la financiación de la enseñanza de idiomas. El Consejo Constitucional confirmó su jurisprudencia actual y validó el carácter obligatorio del costo fijo comunal.

Por otra parte, el Consejo Constitucional censuró dos artículos de la ley Molac, el 4 y el 9, basándose en su interpretación del primer párrafo del artículo 2 de la constitución "La lengua de la república es el francés". 

El artículo 4 introduce en el Código de Educación el reconocimiento de la enseñanza inmersiva, que según él obligaría a los usuarios a utilizar la lengua regional. Su censura muestra una gran incomprensión de lo que es la educación inmersiva. Para las familias, se sigue ofreciendo la comunicación en francés. Para los estudiantes, es la negación de un método de enseñanza ampliamente reconocido y utilizado en todo el mundo, incluso para la enseñanza inmersiva en francés.

La censura del artículo 9 prohíbe los signos diacríticos "antifranceses" en el estado civil: ya no será posible declarar "Cristòu" como nombre de pila.

Sobre estos dos puntos, el Consejo Constitucional retomó el "decreto de terror lingüístico" del 2 de termidor del año II (20 de julio de 1794), suspendido poco después pero reactivado por Napoleón Bonaparte en el decreto del 24 de prairial del año XI (13 de junio de 1803), todavía en vigor.

Como el Consejo Constitucional es la última instancia de apelación a nivel del Estado francés, puede haber una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El artículo 8, que trata de la señalización, no se censura. El ayuntamiento de Saint-Christophe, que tendrá que rechazar el registro de "Cristòu", ¡podrá colocar señales de "Sant Cristòu"!

El artículo 7, a pesar de los temores, no está censurado. No obstante, afirma que "la lengua regional es una asignatura que se enseña en el horario normal de los centros de educación infantil y primaria, secundaria y bachillerato [...] con el objetivo de ofrecer la enseñanza de la lengua regional a todos los alumnos".

El artículo 10 tampoco fue censurado. Pide al Gobierno que presente un informe anual al Parlamento sobre "los centros educativos de las asociaciones que desarrollan una pedagogía basada en el uso inmersivo de la lengua regional", lo que sugiere que esta pedagogía sólo está prohibida para la enseñanza pública.

El diputado que inició esta ley, Paul Molac, propone revisar la Constitución, un objetivo difícil de alcanzar.

En lo inmediato, el Partido de la Nación Occitana llama a participar en las concentraciones organizadas en toda Occitania el sábado 29 de mayo por Pour que vivent nos langues (Para que nuestras lenguas vivan) para protestar contra la mutilación de la ley Molac y exigir la implantación de una verdadera diversidad lingüística en la República Francesa.

Pero el Partido Nación Occitana cree que la mejor solución para que nuestra lengua y nuestra nación tengan una existencia normal es la independencia de Occitania.